Pensiones truchas en Anta: un kiosquero, médicos y funcionarios bajo la lupa

La investigación federal por las pensiones por discapacidad presuntamente irregulares en Anta expuso una trama que, según la Fiscalía, involucraba a médicos, empleados municipales, exautoridades de organismos públicos, dirigentes políticos y hasta un kiosquero que habría participado en la confección y carga de documentación.

Por el momento hay 15 personas imputadas y la pesquisa está concentrada principalmente en El Quebrachal y Joaquín V. González, donde existen 4.305 pensiones no contributivas por discapacidad, una cifra equivalente a más del 15% de la población de esas localidades, según informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal.

El fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, sostiene que existía una organización dedicada a captar personas, confeccionar o adulterar certificados y estudios médicos y completar trámites destinados a obtener beneficios que pagaba la ANSES.

Certificados falsos y trámites que debían ser gratuitos

La hipótesis fiscal sostiene que se confeccionaban certificados con enfermedades o porcentajes de incapacidad que no se correspondían con el estado real de algunos solicitantes.

También se investigan casos en los que personas en situación de vulnerabilidad habrían tenido que pagar para conseguir o renovar una pensión, pese a que el trámite debía ser gratuito.

Según lo expuesto por Amad, hubo pagos superiores a los $300.000 y algunos habrían alcanzado $1 millón. La Fiscalía indicó incluso que hubo personas que tomaron préstamos o vendieron animales para afrontar esos gastos.

El kiosquero que aparece como un engranaje de la presunta red

Uno de los roles que más llamó la atención dentro del expediente es el atribuido a un kiosquero de El Quebrachal. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, desde un comercio ubicado cerca del hospital habría captado interesados, utilizado una fotocopiadora para alterar documentación y cargado trámites por Internet.

La acusación sostiene además que habría contado con acceso a credenciales vinculadas al sistema para presentar documentación ante ANSES.

Para la Fiscalía, su función no habría sido secundaria: habría actuado como nexo entre personas que buscaban las pensiones y otros integrantes del circuito investigado.

Un gerente de hospital que no era médico

Otro punto fuerte de la investigación está relacionado con Oscar Luna, quien se desempeñó como gerente del Hospital de El Quebrachal entre 2017 y 2025.

Según la acusación fiscal, Luna no era médico sino licenciado en Comunicaciones y habría intervenido en la firma de Certificados Médicos Oficiales (CMO) utilizando la matrícula de un profesional.

Ese documento resulta clave en la tramitación porque incluye datos como el diagnóstico y el porcentaje de discapacidad. La Fiscalía le atribuye un rol relevante dentro del circuito que ahora está bajo investigación.

Médicos y estudios bajo investigación

La causa también alcanza a profesionales de la salud que trabajaron tanto en el sistema público como en clínicas y consultorios privados.

Entre los médicos identificados oficialmente por el MPF están César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana, además de otros profesionales cuyos nombres fueron difundidos parcialmente por el organismo.

La acusación sostiene que se habrían emitido certificados por patologías inexistentes o alterado estudios destinados a justificar porcentajes elevados de incapacidad laboral.

También quedó imputado el bioquímico Luciano Benjamín Esteban, a quien la Fiscalía atribuye participación en la presunta manipulación de estudios utilizados para respaldar los expedientes.

Qué le atribuye la Fiscalía al diputado Gerardo Orellana

La causa tiene además una fuerte derivación política por la imputación del actual diputado provincial por Anta y médico Francisco Gerardo Orellana.

Amad sostuvo que, cuando Orellana era intendente de Joaquín V. González entre 2007 y 2011, habría avalado con su firma trámites correspondientes a personas que no reunían los requisitos.

El fiscal afirmó además que en períodos electorales habría ofrecido pensiones a cambio de votos. Como parte de la acusación se presentó, entre otros elementos, el caso de una mujer de 32 años a quien se le habría validado un diagnóstico con 97% de discapacidad.

Empleados municipales y un exjefe de ANSES

Dentro de la investigación aparecen además trabajadores municipales vinculados, según la Fiscalía, a distintas etapas de recepción, armado y carga de documentación.

También está imputado Edmundo Dante Salazar, exjefe de una oficina de ANSES en El Quebrachal, a quien se le atribuye haber facilitado accesos al sistema a personas ajenas al organismo.

Los investigadores buscan establecer cómo se conectaban las distintas partes de la presunta estructura: captación de interesados, certificados médicos, estudios, documentación administrativa y finalmente la presentación de las solicitudes.

26 allanamientos y teléfonos bajo peritaje

La investigación comenzó en julio de 2024 y hasta el momento derivó en 26 allanamientos realizados en domicilios, hospitales, clínicas, consultorios privados y dependencias municipales. Durante esos procedimientos se secuestraron celulares, computadoras, documentación y listados de personas.

De acuerdo con la Fiscalía, el análisis de algunos teléfonos permitió encontrar comunicaciones y registros relacionados con pacientes que presuntamente habían pagado por las gestiones.

Un informe puso bajo sospecha unas 9.000 pensiones

El expediente podría superar ampliamente los límites de Anta. A pedido de la Fiscalía, Gendarmería Nacional elaboró un informe sobre 39.715 pensiones no contributivas por discapacidad analizadas en Salta.

Según lo informado en la audiencia, alrededor de 9.000 beneficios presentarían documentación apócrifa, incompleta u otras irregularidades que requieren ser investigadas.

Sobre esa estimación, Amad calculó que el eventual perjuicio económico relacionado con esos beneficios podría rondar los $3.240 millones mensuales, cerca de $40.000 millones anuales.

La causa seguirá al menos un año

El juez federal de Garantías N°2 de Salta, Diego Anzorreguy, autorizó el plazo de un año de investigación solicitado por la Fiscalía. Además dispuso como medida cautelar la anotación de litis sobre bienes de los imputados durante ese período.