Qué pasa con los extranjeros tras el nuevo decreto de Milei
La abogada Luciana Barros Ruiz explicó que el nuevo DNU permite impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros por expresiones de odio contra argentinos o ultrajes a símbolos patrios.
El Gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que afecta tanto a los extranjeros que buscan ingresar a la Argentina como a quienes ya viven legalmente en el país.
La abogada Luciana Barros Ruiz, especialista en Derecho Público, migraciones y ciudadanía, explicó en el programa Somos la Mañana que la medida incorpora nuevas causales para impedir el ingreso, cancelar una residencia y eventualmente ordenar una expulsión.
En qué casos podría intervenir Migraciones
La Dirección Nacional de Migraciones podría actuar cuando una persona extranjera realice declaraciones de odio, promueva hechos violentos contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad o cometa actos considerados ofensivos contra los símbolos patrios.
Entre esos símbolos aparecen la bandera y el Himno Nacional.
Barros Ruiz explicó que estas conductas podrían generar dos consecuencias diferentes: impedir que una persona ingrese al país o cancelar la residencia de alguien que ya se encuentra en la Argentina.
En este último caso, la decisión también podría terminar en una orden de expulsión.
La dificultad para determinar qué es una "expresión de odio"
Uno de los principales problemas señalados por la especialista es cómo se comprobarán las conductas incluidas en el decreto.
"Van a ir, van a tener que hacer una denuncia ante la policía... Todo eso que tiene que ver ya con la parte vendría a ser operativa del decreto también tiene sus implicancias, ¿no?", manifestó.
La abogada sostuvo que resultará complejo establecer cuándo una crítica, una publicación en redes sociales o una diferencia cultural puede ser considerada una manifestación de odio contra el pueblo argentino.
"Todas esas cuestiones que tienen que ver ya con la operatividad del decreto también son llamativas, porque va a ser muy difícil lo que nosotros denominamos jurídicamente el encuadre de la conducta típica", explicó.
También diferenció una opinión contra el Gobierno nacional de un ataque dirigido hacia todos los argentinos.
Qué pasaría con una denuncia en redes sociales
Durante la entrevista, las conductoras consultaron si una publicación viral podría ser suficiente para impedir el ingreso o expulsar a un extranjero.
Barros Ruiz indicó que probablemente será necesaria una denuncia ante la Policía o Migraciones y que después deberá establecerse un sistema de alertas en los pasos fronterizos y aeropuertos.
La especialista mencionó que podría funcionar de una manera similar a las alertas emitidas por Interpol o la Policía Federal. Sin embargo, la reglamentación detallada y el procedimiento para constatar cada caso todavía no fueron informados oficialmente.
La discusión por la constitucionalidad del DNU
La abogada también planteó dudas sobre la constitucionalidad de la medida.
Explicó que migrar, ingresar y salir de un país y desplazarse dentro de un territorio forman parte de los derechos reconocidos por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
"Porque el migrar, es decir, el entrar y salir de un país, el moverse dentro de un territorio, es un derecho humano básico", afirmó.
Por ese motivo, sostuvo que las restricciones deben aplicarse con criterios precisos y no por cualquier motivo.
Además, recordó que la Constitución argentina reconoce a los extranjeros derechos similares a los de los ciudadanos argentinos en cuestiones básicas como salud y educación.
Cómo se realizan las expulsiones
Barros Ruiz aclaró que Migraciones es un organismo administrativo y no puede utilizar directamente la fuerza pública para detener o trasladar personas.
Para ejecutar una expulsión debe recibir asistencia de fuerzas federales.
En los pasos terrestres puede intervenir Gendarmería Nacional o la Policía Federal, mientras que en los aeropuertos participa la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Los costos y la logística dependen de cada caso. Cuando la expulsión se realiza por tierra, el operativo suele quedar a cargo de la fuerza interviniente.
Para los traslados aéreos existen plazas previstas por las empresas dentro del sistema conocido como cargas públicas. Cuando el expulsado es considerado peligroso, el operativo puede incluir custodios.
El decreto está vigente, pero debe pasar por el Congreso
La especialista explicó que el DNU tiene plena vigencia desde su publicación y puede ser aplicado.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo debe enviarlo al Congreso para que sea analizado por la Comisión Bicameral encargada de revisar los Decretos de Necesidad y Urgencia.
Luego deberá ser tratado por las cámaras legislativas.
"No hay un plazo", remarcó Barros Ruiz al ser consultada sobre cuándo debería debatirse.
La abogada recordó que existen decretos que permanecieron vigentes durante años sin una definición legislativa inmediata.
