Espionaje ilegal: ¿Qué pasó con la denuncia de Juntos?

El contrapunto comenzó el 12 de diciembre, cuando los diputados opositores Cristian Ritondo y Miguel Bazze, y los senadores Ignacio Torres, Daniel Kroneberger y Alfredo Cornejo presentaron un pedido de informes al presidente de la comisión bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau.

Sólo horas después de que el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, negara la existencia de una "mesa militar" abocada al espionaje ilegal dentro del organismo, legisladores de la oposición reclamaron precisiones sobre militares que podrían estar involucrados y cuyos nombres no habían salido a la luz hasta ahora.

Ritondo y los restantes dirigentes opositores también exigieron precisiones sobre las "misiones y funciones" que tendría dentro de la AFI el civil Ramiro González Riera, quien cumplió tareas como "personal civil de inteligencia" dentro del ministerio de Defensa cuando Rossi se desempeñó al frente de esa cartera.

También los legisladores sospechan que un puñado de coroneles integrarían una "mesa militar" dentro de la AFI, de manera orgánica o inorgánica, junto al coronel mayor (RE), Marcelo Granitto, y bajo el mando del teniente general (RE), César Milani, que podrían tener algún tipo de interacción con empresas de telefonía y encontrarse abocados a tareas de "espionaje ilegal", como la obtención y filtración de datos de teléfonos celulares.

Ante las consultas periodísticas, Rossi negó que Milani trabaje bajo sus órdenes e indicó que la última vez que vio al ex jefe del Ejército fue en mayo de 2015, cuando traspasó el mando a otro militar y pasó a retiro, en tanto que sostuvo que Granitto fue convocado a cumplir tareas posteriores a su retiro en el Ejército, no en la AFI.

Para Rossi, el reclamo de información desde Juntos sólo busca recuperar la iniciativa ante las presuntas filtraciones de información que provendrían del teléfono del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. En declaraciones radiales, el titular de servicio de inteligencia indicó además que la supuesta existencia de una "mesa militar" dentro de la AFI es "una falacia absoluta", para luego despacharse contra la oposición: "El rol de la AFI es claro y no tiene nada que ver con el espionaje ilegal que se hicieron durante los años del macrismo".

Ante este panorama , REALPOLITIK investigó el caso cruzando datos con información propia y fuentes fidedignas de la inteligencia vernácula criolla. De tal modo, profundizó en torno a cada uno de los nombres que figuran en el pedido de informe que hicieron los legisladores opositores.

RAMIRO GÓMEZ RIERA

El primer caso es el del supuesto agente civil de inteligencia (PCI), Ramiro Gómez Riera, a quien denunciaron de haber trabajado para el ministerio de Defensa durante la gestión de Agustín Rossi.

Según los registros de ANSES, Riera trabajó en primer lugar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desde marzo de 2016 hasta el mismo mes de 2018. Posteriormente a esa ficha, comenzó a desempeñar funciones en el ministerio de Seguridad, entre marzo de 2018 y enero de 2020, cobrando un ultimo sueldo de 132.500 pesos.

Según fuentes de inteligencia cercanas al ingeniero Antonio Stiuso, el ex director de la poderosa 85 de Contrainteligencia, este personaje trabajo en la PSA hasta que comenzó a reportar tareas directamente bajo el mando de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex secretario de Seguridad Interior y hoy muy cuestionado Gerardo Milman, para hacerles trabajos de campo en materia de inteligencia y contrainteligencia.

Por otro lado, la que también aparece vinculada al escándalo es Ana Carla Apicella, pareja de Riera, quien ingresó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante la gestión de Mauricio Macri y, tras la asunción de Aníbal Fernández, habría sido pedida en comisión al ministerio de Seguridad de la Nación. Muchos aseguran que se trata de una familia dedicada a los servicios de inteligencia.

ROBERTO ADRIÁN ROMÁN

Según las bases de ANSES, el otro presunto agente de inteligencia civil (PCI) apuntado en el informe, de nombre Roberto Adrián Román, trabajó en el ministerio de Defensa desde octubre de 2014 hasta diciembre de 2019. Por otro lado, todavía hoy mantiene una vinculación laboral con ANSES, desde mayo de 2015. Es que, cuando trabajó para Defensa, Román había pedido una licencia sin goce de sueldo en el organismo de seguridad social.

Fuentes consultadas por este medio aseguraron que este personaje desempeñó tareas durante el gobierno de Mauricio Macri para el coronel retirado carapintada, Hugo Patricio Pierri, quien por entonces estaba a cargo de la subsecretaria de Planeamiento Estratégico y Política Militar, dependiente de la secretaría de Estrategia y Asuntos Militares.

Tal y como señala un informe del CELS del año 2015, en el análisis del capítulo de Milani, esa situación abre las puertas al control de la sociedad civil sobre los nombramientos dado que la "publicidad de los pliegos y la posibilidad de presentar observaciones se encuentran estipuladas en el reglamento del Senado, que establece el mecanismo de participación ciudadana". Y Pierri no logró atravesar alguna de esas dos instancias. En el año 2013, Pierri consiguió el apoyo de los entonces diputados Patricia Bullrich y Federico Pinedo, que presentaron un proyecto de resolución para convocar al ministro Agustín Rossi a la comisión de Defensa Nacional de la cámara baja para que brinde explicaciones.

Román estuvo bajo las órdenes de este coronel retirado para presuntos trabajos de inteligencia y contrainteligencia en contra de los familiares del ARA San Juan, para salvar al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad. Ahora Román está guardado en una Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES de Rosario.

LOS OTROS CINCO

En otro orden, los otros militares que estarían involucrados en el pedido de informes son cinco coroneles en el estado de situación de retiro. Sus nombres serían Augusto Javier Cayo, Enrique Jesús Tonazzi, Leopoldo Daniel Lobo y Sergio Daniel Skobalski.

El coronel Cayo Augusto cobra del Estado Mayor 328.900 pesos y desde la Contaduría del Ejército 156.700. Esta última remuneración es por ser personal de inteligencia (PCI) para el Ejército Argentino, labor que comenzó en octubre de 2018 hasta la fecha. O sea, aunque su ingresó ocurrió durante el macrismo, trabajó en tareas de inteligencia tanto para el gobierno de Macri como para el de Alberto Fernández.

El coronel retirado Enrique Tonazzi trabaja actualmente para el laboratorio Rontang SA, no teniendo estado activo en el Ejército Argentino ni poco en calidad de agente de inteligencia como (PCI), quedando en evidencia su llamativa incorporación en el informe de los legisladores de Juntos.

Por su parte, el coronel retirado Leopoldo Lobo sí figura en funciones en el Estado Mayor con una remuneración de 312.778 pesos desde marzo de 2018 hasta la actualidad. Es decir, desde el gobierno de Macri hasta el actual de Fernández. Sin embargo, al no figurar como empleado de la Contaduría del Ejército Argentino, que es la caja que le paga al personal de inteligencia (PCI) del mismo Ejército, no comulga con actividades de espía. Sino, simplemente, está en el área de estrategia militar en conflicto de la geopolítica de las fuerza armadas.

Según los datos de ANSES, el coronel retirado Sergio Skobalski es otro de los que figura desempeñando funciones en la Contaduría General del Ejército, desde febrero de 2014 hasta la fecha, con una remuneración de 185.625 pesos. Nuevamente, cumplió funciones como espía personal de inteligencia desde los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y, actualmente, Alberto Fernández.

Cuando Julio Martínez ejercía como ministro de Defensa durante el macrismo, este coronel era el jefe del Batallón de Ingenieros Mecanizados Nro. 11 y espía doble agente en forma simultánea. Según fuentes de inteligencia, le reportaba todo lo que ocurría en la provincia de Santa Cruz y los actos de gobierno de Alicia Kirchner a pedido de la jefatura y los ministros de Defensa que pasaron en el gobierno de Macri.

Las fuentes de inteligencia que conversaron con REALPOLITIK aseguraron que el ex jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, tendría en su poder un Backup WhatsApp de casi todos los dirigentes de JxC y de la oposición. Es que, a fines del 2016, la fuerza federal contaba con un sistema software por infección para interceptar redes sociales -en especial WhatsApp y Telegram-, comprado al exterior por intermedio del marido de Patricia Bullrich.

Esto quedó expuesto a raíz de una situación que tuvo lugar en la provincia de Entre Ríos y vinculó a un ex concejal y actual secretario Administrativo del bloque de JxC y dirigente puro del Pro local de Paraná, Emanuel Gainza. Fue cuando el titular de Derechos Humanos de la provincia de Entre Ríos, Marcelo Boeykens, le radicó una denuncia penal en el ministerio Público Fiscal (MPF).

La demanda se inició luego de que el ex edil dijera que "filtra" a través de un ex jefe de Policía Federal amigo (es decir, Néstor Roncaglia) a la gente que se le acerca a su espacio. Es decir, utiliza a la fuerza policial para revisar antecedentes de las personas que se le arriman en los barrios de Paraná.

Fuentes tribunalicias indicaron que aún no hay tipificación legal del hecho, a pesar de que Boeykens apuntó en su denuncia que podría tratarse de un episodio de espionaje ilegal. Vale destacar que, en caso de tratarse de una violación a la ley nacional de Inteligencia, la causa debería tramitar en el fuero federal.

En estos días los argentinos asistimos a una escalada de operaciones políticas de inteligencia de interesante intensidad. Este tipo de acciones tienen por objetivo dañar y neutralizar al oponente y sin dudas el punto de inflexión de la polémica tuvo que ver con la filtración de los presuntos chats que habrían salido del teléfono intervenido del licenciado ministro de Seguridad de la CABA, Marcelo D'Alessandro.

A esta altura resulta inútil preguntarse quién es el responsable de dicha filtración. Sin embargo, sí resulta interesante formularse un interrogante: ¿Es la AFI actual un organismo inútil o volvió a tener una capacidad operativa significativa en estos tiempos electorales?

Fuente: NA