Dos jueces acusaron a otro de manipular causas "a favor del Gobierno"

La tregua que reinaba en la Suprema Corte de Mendoza parece haber llegado a su fin. Dos fallos publicados este lunes en la lista diaria demuestran que las diferencias se han recrudecido y los jueces de la Sala II Omar Palermo y Mario Adaro acusan al presidente de la Corte, Dalmiro Garay, de actuar de forma irregular para interferir en su trabajo como magistrados y bloquear fallos que resultan incómodos para el "bloque hegemónico". En otras palabras, sostienen que existe una mayoría de jueces afines al gobierno radical y subrayan que se está vulnerando el principio de juez natural para dar vuelta fallos de la Sala II integrada por Palermo y Adaro.

La maniobra que denuncian ambos jueces es sencilla. Específicamente aseguran que cuando ambos dan a conocer sus votos respecto a causas puntuales y el presidente de la Corte advierte que el fallo será adverso a su parecer, convoca a fallos plenarios (es decir de los siete jueces de la Corte) para que se imponga la mayoría "hegemónica" de los cuatro jueces que son considerados como "filoradicales".

Según determinan, ésta práctica comenzó con la causa del ítem aula en 2017 y desde entonces se convirtió en una operación recurrente. "A partir de este proceder, por así decirlo, poco regular del nuestro ex Presidente (Jorge Nanclares), pero de modo más evidente y una vez producidos los cambios de composición de esta Suprema Corte de Justicia, se advierte un manejo discrecional de los llamados a Pleno o Plenario", esgrimen Palermo y Adaro en dos fallos que ordenan la reincorporación de empleados que fueron funcionarios del gobierno de Francisco Pérez y la gestión de Alfredo Cornejo los cesanteó por considerar irregulares sus designaciones en planta.

Pero lo más grave del planteo de Adaro y Palermo es la acusación de que el llamado al fallo plenario se da después de que se conocen los votos de los "jueces naturales" de la Sala II. "La discrecionalidad se advierte no solo en las formas sino, como en el caso de autos, en los tiempos en los que plantea el llamado. En efecto, con la evidente finalidad de impedir que resuelva la actual composición de la Sala Segunda, con sus jueces naturales, e imponer el bloque hegemónico de la actual integración, se llama a resolver en Pleno después de los votos que ya han sido presentados", esgrimen y sostienen que eso "genera un grave daño a la institucionalidad de nuestra Provincia, y a la legitimidad formal y material de las decisiones de esta Corte."

"Este método sistemático de proceder no es inocente. En efecto, no puede desconocerse que la imposición de mayorías automáticas tiene como consecuencia un disciplinamiento de las instancias anteriores del Poder Judicial. Además, la problemática se profundiza si se tiene en cuenta que tanto el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento cuentan con las mismas mayorías, sin que el sistema de remoción de jueces y de juezas esté sometidos a un régimen especial de mayorías que ofrezca garantías de independencia judicial", adhieren Omar Palermo y Mario Adaro.

"Dicho brevemente, con la actual composición de estas instituciones, basta la decisión oficial del gobierno de turno para que un juez o jueza pueda ser destituido. Ello pone al Poder Judicial de Mendoza en la situación de mayor debilidad institucional que se conozca desde la restauración democrática en 1983", disparan los magistrados cercanos al peronismo.

En este sentido, esgrimen que "el llamado a Tribunal Pleno sólo puede realizarse en los supuestos legales referidos y desde el inicio de la causa y no durante la tramitación y, menos aún, cuando han sido depositados los votos". "De otro modo, podría entenderse que ante un eventual resultado se busca, mediante el mecanismo de la convocatoria a Tribunal Pleno o a pronunciamiento Plenario, alterarlo", aseveran y remarcan que ante esa situación "la afectación del juez natural resulta evidente e inaceptable".

Más allá de los argumentos técnicos que esgrimen los magistrados sobre si corresponde o no llamar a un fallo del tribunal en pleno en estos dos casos puntuales, lo que está claro es el malestar que existe puertas adentro del máximo tribunal.

La denuncia que hacen Adaro y Palermo es que el oficialismo tiene el control total de la Justicia gracias a los votos de Dalmiro Garay, Pedro Llorente, José Valerio y Teresa Day. Cada vez que la Sala II va a fallar en contra de los intereses del oficialismo, Garay entiende que la causa debe ser resuelta por el tribunal en pleno desconociendo así lo resuelto por la mayoría de los jueces de esa sala.

Lo que sostienen Omar Palermo y Mario Adaro es que hay un uso forzoso e injustificado de la convocatoria a resolver en pleno."Una resolución como la del Señor Presidente, que encomienda al Pleno el dictado de la sentencia pone, tal como se dijo, en tela de juicio la garantía del juez natural. Además, produciría, sin dudas, una demora innecesaria, discordante con los principios procesales establecidos en los códigos de procedimientos vigentes, y también adversa a la garantía de acceso a la justicia y al plazo razonable. Interpretarla como acorde a derecho significaría respaldar un uso discrecional de las atribuciones y deberes del Sr. Presidente establecidos por el artículo 8 de la ley 4969. Por lo que, conforme al juego armónico de los artículos 2, 3, 4, 6 inciso d y 7 de la ley 4969, la convocatoria a Tribunal Pleno realizada por el Sr. Presidente del Tribunal resulta improcedente", argumentan sobre los casos puntuales de la reincorporación de los empleados Alejandra Maradona y Raúl Víctor Gallardo.

Fuente: MDZ On Line