Edesur acumuló pérdidas en 4 de los últimos 6 años por el brutal retraso tarifario

La proliferación de cortes en luz en la Capital Federal y el Área Metropolitana de Buenos Aires provocó una profunda sensación de malestar, y da cuenta de que el modelo energético argentino es insostenible.

El Gobierno kirchnerista aprovechó políticamente la situación, multó a la empresa distribuidora Edesur con $1.000 millones, y amenazó con incurrir en una nueva y turbulenta expropiación. La portavoz Gabriela Cerruti aseguró que "todas las posibilidades están sobre la mesa", incluyendo el peor de los desenlaces para el país: la vuelta del sistema a manos del Estado.

Pero el problema no es la administración privada de los servicios de distribución, sino el atraso real en el precio de las tarifas públicas. La actualización de las tarifas eléctricas escaló sistemáticamente por debajo del IPC desde el año 2002, lo cual provocó una reasignación de recursos a través del sistema de precios: la señal que se dió es dejar de invertir en energía, cada vez más abaratada, y trasladar esos recursos al consumo.

Hacia el año 2001 el 116% del costo de la generación de la energía eléctrica era sustentada por la demanda (a través de las tarifas de las distribuidoras). Esto permitía la inversión y la capitalización activa del sector, y si bien las tarifas consumían una parte mucho más importante del sueldo promedio de cada usuario, el sistema operaba bajo incentivos sanos.

Con el congelamiento iniciado en 2002 y mantenido por los sucesivos Gobiernos kirchneristas, las facturas solo llegaron a cubrir hasta el 15% del costo de generación de energía en 2015. De hecho, entre 2006 y 2015 las tarifas promediaron una cobertura de tan solo el 27,6%. Casi dos décadas de desinversión provocaron efectos negativos de largo plazo, y lo seguirán teniendo hasta que se cambie el rumbo de la política energética.

Las actualizaciones tarifarias iniciadas a partir de 2016 solamente contribuyeron a aumentar la cobertura hasta un máximo del 64% en 2019, una cifra insuficiente y muy inferior al promedio de la década de los 90s. El Gobierno de Alberto Fernández erradicó los tenues avances concretados, y para 2022 la cobertura volvió a caer por debajo del 30%.

Los "tarifazos" casi no contribuyeron a sanear la situación financiera de las empresas eléctricas. De los 6 últimos balances contables de Edesur (2016-2022), cuatro de ellos tuvieron fuertes pérdidas, y solo se registraron ganancias operativas en 2018 y 2019 (ganancias insuficientes para satisfacer grandes inversiones).

El creciente costo financiero para mantener la operatividad en los años deficitarios, y los magros resultados durante los años de ordenamiento de precios relativos, provocó una situación dispar en la que todos los sectores perdieron: los usuarios debieron realizar un mayor esfuerzo y las empresas no pudieron sanearse por el gradualismo.

Edesur reclama una actualización tarifaria más pronunciada para comenzar a reparar la brecha en el costo de la generación energética. En un marco en donde la inflación superará el 100% anual para diciembre, las tarifas deberán compensar y superar los aumentos para tener efecto real.

Los sucesivos retrasos tarifarios no solo deterioran el patrimonio y la capitalización de la distribución de energía, sino también su generación. Sin precios adecuados para producir energía, ni Edesur ni Edenor ni cualquier otra distribuidora tendrían algo para distribuir.

Como si esto no fuera suficiente, las restricciones cambiarias hacen todavía más difícil saldar el déficit energético del país con importaciones. Una de las empresas más afectadas por esta limitación fue la estatal ENARSA, que sufrió pérdidas equivalentes a los 966 millones de dólares en los primeros 9 meses del año pasado. 

Fuente: La Derecha Diario