Colectivos en Salta: salarios, subsidios y boleto caro empujan al sistema a una nueva crisis

El sistema de transporte público de Salta atraviesa una nueva situación límite y podría quedar paralizado en toda el área metropolitana si fracasan las negociaciones entre la UTA, las empresas y el Gobierno provincial.

El gremio de los choferes ratificó que iniciará un paro desde la medianoche del 8 de abril si no se abonan los salarios con la actualización acordada a nivel nacional. La advertencia volvió a poner en el centro de la escena una crisis que ya no parece coyuntural, sino estructural.

El principal punto de conflicto es el impacto económico del nuevo acuerdo salarial. Según se informó, la actualización representa un costo extra cercano a los $520 millones mensuales para el sistema, una cifra que las empresas aseguran no poder afrontar de inmediato.

La tensión se agrava por un combo que se repite y empeora: menos pasajeros, costos operativos en alza y ausencia de subsidios nacionales suficientes. En esas condiciones, el transporte salteño funciona cada vez con mayor fragilidad y con una dependencia creciente de los aportes del Estado provincial.

Hoy el sistema se sostiene, en buena parte, con subsidios. Cerca del 60% de su financiamiento proviene de la Provincia, mientras que el resto depende de la recaudación del boleto. Ese esquema muestra hasta qué punto el servicio dejó de ser autosustentable.

Al mismo tiempo, el aumento del pasaje, que llegará a $1.450, suma una presión cada vez mayor sobre los usuarios. Es decir, mientras las empresas dicen no poder pagar y los choferes reclaman por sus salarios, el ciudadano común queda atrapado entre un boleto más caro y la amenaza permanente de quedarse sin servicio.

El nuevo esquema salarial eleva los ingresos de los choferes a valores que rondarían los $1.950.000 sin antigüedad. El dato confirma que el conflicto no puede reducirse a una pelea aislada entre empresa y gremio. Lo que está en discusión es la viabilidad completa de un modelo de transporte que acumula distorsiones, subsidios, aumentos y una calidad de servicio que muchas veces no acompaña el esfuerzo que hacen los usuarios.

Desde la empresa sostienen que no existe una negativa a pagar, sino una imposibilidad material de absorber de inmediato el incremento. Del lado sindical, en cambio, denuncian falta de diálogo y ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades y los operadores del sistema.

Mientras tanto, el Gobierno provincial intenta evitar una paralización que tendría un fuerte impacto sobre miles de trabajadores, estudiantes y familias del área metropolitana. Las próximas horas serán decisivas para saber si se alcanza un acuerdo o si Salta vuelve a padecer un paro que desnuda las debilidades de uno de los servicios más sensibles de la vida cotidiana.