El Gobierno reglamentó la reforma laboral y activa beneficios clave por 48 meses para empresas

En una decisión que vuelve a sacudir el escenario político y económico, el Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), uno de los capítulos centrales de la reforma laboral. La medida fue publicada en la madrugada a través del decreto 315/2026, luego de un fallo judicial favorable al Ejecutivo que destrabó su aplicación.

De acuerdo a lo publicado por el medio Infobae, el esquema apunta directamente a promover el empleo registrado mediante una reducción de contribuciones patronales durante un período de cuatro años para aquellos empleadores que incorporen trabajadores sin empleo formal previo.

Qué establece el nuevo régimen laboral

La reglamentación fija que los beneficios alcanzarán a nuevas contrataciones registradas entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, siempre que las empresas cumplan una serie de requisitos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Uno de los puntos clave es el tope: las incorporaciones bajo este régimen no podrán superar el 80% de la nómina total de cada empleador.

El beneficio consiste en una reducción de contribuciones patronales durante 48 meses, con alícuotas diferenciales del 2% y 3%, destinadas a distintos subsistemas de la seguridad social.

A quiénes alcanza el beneficio

El RIFL está dirigido a cuatro perfiles de trabajadores:

• Personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025
• Desocupados durante los seis meses previos a la contratación
• Ex monotributistas sin actividad en relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses
• Trabajadores cuyo último empleo fue en el sector público (nacional, provincial o municipal, incluida la Ciudad de Buenos Aires)

Además, la normativa aclara que si el trabajador obtiene otros ingresos luego de ser contratado, eso no afecta los beneficios para el empleador.

Control, fiscalización y sanciones

ARCA será el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento del régimen y aplicar controles automáticos para evitar irregularidades. En caso de incumplimiento, las empresas deberán devolver las contribuciones no abonadas, con intereses y posibles sanciones.

También se establece la obligación de mantener la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mientras que el acceso al beneficio no será retroactivo si no se ejerce la adhesión en tiempo y forma.

Un capítulo clave tras el aval judicial

La puesta en marcha del régimen llega después de una resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que habilitó la vigencia de 83 artículos de la reforma laboral, tras la intervención judicial que había frenado su aplicación.

Luego, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la causa impulsada por la CGT deberá tramitarse en ese fuero, lo que consolidó el avance del Ejecutivo sobre el paquete de cambios laborales.