El Gobierno instó a las provincias a adherir al Régimen Simplificado de Ganancias
El Gobierno lanzó un nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. Las provincias deberán adherir si quieren acceder a datos clave de contribuyentes. El sistema elimina la declaración de consumos y patrimonio.
En una nueva apuesta por la transparencia y la simplificación tributaria, el Gobierno nacional lanzó el Régimen Simplificado de Ganancias, una reforma que elimina la declaración de patrimonio y consumos personales, y se enfoca únicamente en ingresos facturados y gastos deducibles. A partir de junio, los contribuyentes podrán optar por este sistema que regirá para el período fiscal 2025.
Como condición para acceder a información vital sobre los contribuyentes -incluyendo facturación y consumos anuales superiores a los $50 millones- las provincias deberán firmar un nuevo convenio con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). De lo contrario, perderán el acceso a registros esenciales para la fiscalización.
La advertencia del Gobierno es clara: sin adhesión, no habrá datos. Esta exigencia busca garantizar la integridad del sistema y se enmarca dentro del lanzamiento del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, una iniciativa que, según la Casa Rosada, busca "devolverle a los argentinos la libertad de usar su dinero como quieran".
El secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, explicó que el nuevo esquema implica un cambio de paradigma. "No vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por ARCA", aseguró durante la presentación.
Apoyo y resistencia provincial
Mientras provincias como Santa Fe ya expresaron su respaldo, valorando incluso el aporte del régimen en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, la provincia de Buenos Aires -gobernada por Axel Kicillof- rechazó la iniciativa. Cristian Girard, titular de ARBA, calificó el régimen como un "blanqueo encubierto" y se negó a adherir, denunciando que se trata de una estrategia para legalizar fondos no declarados.
Desde la administración bonaerense afirmaron que seguirán utilizando sus propios métodos de fiscalización y mantendrán vigentes las obligaciones tributarias provinciales, desoyendo así la advertencia nacional sobre el posible corte de acceso a la información.
El enfrentamiento con Buenos Aires pone en evidencia el nuevo escenario fiscal que propone el gobierno de Milei. Para la Casa Rosada, este régimen representa una modernización que respeta las libertades individuales y desburocratiza el vínculo entre el ciudadano y el Estado. Para las provincias, representa también un desafío político: sumarse al nuevo sistema o aislarse del acceso a datos clave en un contexto económico sensible.
