Causa Cuadernos: avanza el juicio y la Fiscalía apunta directo a Cristina Kirchner
El Tribunal Oral Federal 7 retomó el juicio con la lectura de nuevas acusaciones que involucran a la expresidenta. La Fiscalía sostiene que hubo una estructura organizada para recaudar dinero de empresarios a cambio de beneficios.
El juicio oral por la causa Cuadernos sigue avanzando. Este jueves, el Tribunal Oral Federal 7 finalizó la lectura de las acusaciones contra Cristina Kirchner y el resto de los imputados por presunta asociación ilícita. Este lunes, el proceso se retomó con la exposición de otro tramo clave de la investigación: el expediente conocido como "La Camarita", que indaga sobre la cartelización de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.
Este tramo apunta a maniobras irregulares dentro de la Cámara Argentina de Empresas Viales, con foco en la supuesta distribución direccionada de contratos de obra pública entre compañías del sector.
El tribunal, integrado por Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, tuvo que reorganizar el cronograma de audiencias debido a una recusación presentada por la defensa del exministro Julio De Vido, que fue rechazada la semana pasada.
Según el nuevo calendario, durante las audiencias del 9, 11, 16 y 18 de diciembre se leerán los capítulos centrales de la acusación presentada por la fiscal Fabiana León y su equipo. Allí se abordarán los inicios de la causa, los hechos denunciados, los descargos de los imputados y, especialmente, los acuerdos de colaboración y la valoración de la prueba.
Además, en esas fechas se incluirá la contestación de vista vinculada al expediente por la presunta cartelización de la obra pública civil.
Antes de la feria judicial, el 23 de diciembre, se escucharán los requerimientos de la Fiscalía Federal N°4 sobre dos causas conexas: "Trenes" y "Corredores Viales", que investigan posibles delitos en la concesión de peajes y el sistema ferroviario.
La acusación central sostiene que durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner se implementó "un plan integral" para la recaudación de fondos ilegales, con participación de funcionarios y empresarios. "El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí", explicó el fiscal Carlos Stornelli en su pedido de elevación a juicio.
En ese esquema, según la acusación, un primer grupo compuesto por funcionarios como Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Hernán Del Río y José María Olazagasti era el encargado de cobrar el dinero directamente. El segundo grupo estaba integrado por empresarios como Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, y el financista Ernesto Clarens, junto con José López.
Los pagos, según la investigación, se realizaban en domicilios ligados a los Kirchner, incluyendo Uruguay 1306 y Juncal 1411 en CABA, la Residencia de Olivos y la Casa de Gobierno. Parte de ese dinero se redistribuía entre otros funcionarios.
Sobre la responsabilidad de la expresidenta, la fiscalía fue tajante: "Fue quien ejerció la jefatura de la organización y la única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios", se afirma en base a las anotaciones de Oscar Centeno y los testimonios de imputados colaboradores como Clarens y Claudio Uberti.







