El Chiqui Tapia negó las acusaciones por la presunta retención indebida de aportes
El presidente de la AFA presentó un escritor ante el juez Diego Amarante en el que aseguraba la inocencia de la institución y su falta de injerencia personal en sus cuestiones tributarias.
Claudio "Chiqui" Tapia presentó este jueves su declaración indagatoria en la causa que investiga una supuesta retención indebida de aportes por más de 19.000 millones de pesos. En su descargo por escrito, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino negó haber incurrido en una conducta delictiva, tanto a título personal como en representación de la entidad, y solicitó ser sobreseído.
En el escrito presentado ante el juez en lo penal económico Diego Amarante, Tapia rechazó de forma categórica cualquier responsabilidad en la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la AFA.
"Niego de manera expresa, categórica y circunstanciada haber decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la Asociación del Fútbol Argentino", sostuvo.
Qué dijo sobre su rol dentro de la AFA
El dirigente también afirmó que no tuvo intervención directa en decisiones vinculadas al área tributaria. Según explicó, su cargo institucional no implica una participación concreta en ese tipo de cuestiones administrativas.
"Es imperativo reiterar desde estos albores que más allá del cargo institucional que desempeño, no tengo ni personal ni legalmente intervención decisoria en la materia tributaria que constituye el objeto de esta causa", aseguró.
En la misma línea, remarcó que la dinámica de la presidencia hace inviable involucrarse en la operatoria cotidiana interna. "La actividad del Presidente, al menos desde que yo ejerzo el cargo y del mismo modo ocurría con anterioridad, torna materialmente imposible participar en la cotidianidad de la operatoria burocrática interna", agregó.
La defensa de la institución
En su presentación, Tapia también respaldó el accionar de la AFA respecto de sus obligaciones fiscales. Allí sostuvo que la entidad declaró en tiempo y forma todas las obligaciones que eventualmente debía abonar y que esas presentaciones no habrían sido cuestionadas.
Según expresó, la asociación "no sólo no ha actuado anti-jurídicamente, sino que exteriorizó en tiempo y forma sus declaraciones juradas, exhibiendo la totalidad de las obligaciones que eventualmente correspondía abonar, sin distorsiones ni ocultamientos".
Además, insistió en que no existió una maniobra dolosa y que la situación fue regularizada aun antes de conocer la existencia del expediente. "La AFA es imputada como sospechosa de una conducta dolosa respecto de obligaciones que nunca ocultó, nunca disimuló y que además regularizó sin haber conocido aún la existencia de la causa", afirmó.
Tapia también remarcó que, a su entender, no hubo un perjuicio fiscal consolidado, ya que las obligaciones fueron abonadas más tarde junto con los intereses correspondientes. "No hubo perjuicio fiscal material consolidado, en tanto las obligaciones fueron abonadas y regularizadas con sus correspondientes intereses resarcitorios", expresó.
Cuestionamientos a la difusión del caso y a ARCA
En otro tramo de su descargo, el presidente de la AFA cuestionó la exposición pública que tuvo la causa y sugirió que detrás de esa repercusión podría haber intereses ajenos al expediente.
"La abrumadora difusión pública que ha tenido este caso no ha estado exenta de valoraciones anticipadas e infundadas", señaló.
También dirigió críticas contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como denunciante y querellante en el proceso. Según Tapia, el organismo habría tenido un comportamiento "oscuro y contradictorio" al no informar sobre una resolución del Ministerio de Economía que, de acuerdo con su interpretación, permitía el esquema utilizado para cumplir con las obligaciones.
En ese marco, pidió nuevas medidas de prueba y solicitó que ARCA informe si en los pagos efectuados se incluyeron intereses y si él figura como autor material de los volantes de pago o de las declaraciones juradas observadas en la causa.
Qué pidió la defensa
Al igual que la defensa del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Tapia también solicitó que se aplique la Ley 27.799, conocida como ley de Inocencia Fiscal, al considerar que es más favorable para su situación procesal.
"Esta causa debe concluir de forma inmediata por cuanto, insisto, no puede ser promovida conforme al nuevo texto legal", planteó.
Concluida la ronda de indagatorias, ahora el juez Amarante cuenta con diez días hábiles para resolver la situación procesal de Tapia y del resto de los integrantes de la comisión directiva involucrados. En ese plazo deberá definir si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o una falta de mérito.
En caso de que la Justicia entienda que existió delito, las penas previstas van de 2 a 6 años de prisión.
