El Gobierno intimó a la AFA a dar explicaciones de gastos millonarios bajo sospecha
La IGJ pidió documentación por más de USD 450 millones y advirtió posibles sanciones económicas.
La tensión entre el Gobierno nacional y la dirigencia del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo. El Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimó formalmente a la AFA y a la Liga Profesional para que presenten documentación que justifique gastos e inversiones millonarias.
El requerimiento busca esclarecer movimientos financieros que, en el caso de la AFA, superan los USD 111 millones, mientras que en la Liga Profesional alcanzan los USD 340 millones, según detalló la IGJ en un comunicado oficial.
Desde el Ejecutivo afirmaron que se trata de un procedimiento de control "regular", como el que se aplica a cualquier persona jurídica privada registrada, sin "privilegios ni excepciones". La AFA, al ser una asociación civil sin fines de lucro, tiene limitaciones legales sobre el destino de sus recursos.
El organismo exigió a ambas instituciones que respondan a las observaciones realizadas sobre sus estados contables y respalden con documentación específica las operaciones vinculadas a actividades presuntamente ajenas a sus estatutos sociales.
Además, se advirtió que la falta de respuesta dentro del plazo establecido podría derivar en sanciones económicas severas para las entidades y sus directivos. "Nadie está por encima de la ley", remarcaron desde el Gobierno.
La medida se produce en un contexto de creciente presión judicial. Días atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética de la CONMEBOL contra autoridades de la AFA por presuntas violaciones al Código de Ética y políticas anticorrupción.
En paralelo, el juez penal económico Marcelo Aguinsky investiga una red de testaferros vinculados a dirigentes de la AFA, entre ellos una empresa (Real Central SRL) y personas físicas con bienes que no se condicen con sus ingresos. Se analiza una lujosa propiedad en Pilar con helipuerto, instalaciones deportivas y vehículos de alta gama.
Otra línea de investigación apunta a contrataciones directas, como el caso de Malte SRL, contratada por USD 550.000 para operar el sistema VAR, pese a presuntos vínculos con ex directivos.
Desde la AFA denunciaron una persecución política y rechazaron el control estatal, en medio del debate por las Sociedades Anónimas Deportivas. El Gobierno, en cambio, insiste en que busca garantizar la transparencia en el manejo de fondos millonarios.
