"Jefa de la organización": la acusación contra Cristina Kirchner por los Cuadernos
La Unidad de Información Financiera, como querellante, sostuvo que la expresidenta impartía directivas sobre el esquema de sobornos. Se la acusa de 175 pagos ilícitos. No estuvo presente por una cirugía de apendicitis.
En una nueva audiencia del juicio por la causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue acusada formalmente de haber actuado como "jefa de una organización delictiva" dedicada al cobro sistemático de sobornos de la obra pública, según la presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en su rol de querellante.
La exmandataria no estuvo presente en la sala debido a una reciente intervención quirúrgica por apendicitis. En su ausencia, la UIF afirmó que "se ha demostrado en la presente investigación, en virtud de la declaración indagatoria de José Francisco López, que Cristina Kirchner actuó como la jefa de esta organización delictiva". El organismo sostuvo que la expresidenta "impartía directivas precisas" sobre el manejo de los fondos y el esquema de pagos ilegales.
Según el documento presentado, Cristina Kirchner exigía mensualmente al entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al secretario de Obras Públicas, José Francisco López, un listado de certificados de obra. En esos informes se detallaban los montos disponibles para pagar a las empresas contratistas. Las cifras eran fijadas por Roberto Baratta junto a De Vido, quienes determinaban cuánto debía percibir cada firma adjudicataria.
La UIF señaló que "los elementos de convicción permiten tener suficientemente acreditada la participación de la imputada Cristina Elisabet Fernández en la recepción de los pagos ilegales". La acusación detalló que se concretaron 175 pagos ilícitos entre enero de 2008 y septiembre de 2010.
Además de la expresidenta, se atribuyó responsabilidad como coautores a Julio De Vido, José Francisco López y Ernesto Clarens. Este último, en calidad de imputado colaborador, declaró que el dinero era entregado posteriormente a Héctor Daniel Muñoz y aportó un listado con fechas y montos de las entregas ilegales investigadas.
La audiencia profundizó en los mecanismos que, según la querella, utilizaba la presunta organización para canalizar los sobornos, consolidando una de las acusaciones más graves en la extensa causa por corrupción durante los gobiernos kirchneristas.
