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Caos en el centro porteño por protesta de taxistas

El Sindicato de Peones de Taxi realizó asambleas y cortes para pedir que Uber y Cabify se vayan del país.

El Sindicato de Peones de Taxis (SPT), que lidera Omar Viviani, realizó asambleas simultáneas en al menos diez puntos de la Ciudad de Buenos Aires, entre las 9 y las 11, que complicaron los accesos y generaron caos en el tránsito.

¿El motivo del reclamo? "La defensa del empleo y en demanda del cumplimiento de las leyes" por parte de las aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber y Cabify. Una protesta similar se había realizado el jueves pasado.

El planteo surgió en el 2016, cuando el gremio le exigió al Gobierno nacional "respuestas concretas" ante la instalación de las multinacionales que compiten de forma directa con los taxis. El SPT, que se define como "Un gremio en constante movilización", eligió diez puntos estratégicos para las asambleas que llevarán a cabo este martes.

En el barrio porteño de Constitución, por ejemplo, los taxistas ocuparon dos carriles de la avenida 9 de Julio y San Juan, y fue caótico. "Seguimos esperando que se haga presente el Gobierno con alguna respuesta. No tenemos ninguna favorable desde 2016. Pedimos que las app ilegales se vayan del país", señaló Julio, un taxista, a TN.

Tanto el Puente Pueyrredón, como el Vélez Sarsfield, el Almirante Brown y el Pompeya se vieron afectados, como así también las principales avenidas porteñas. Según informó Infobae, los taxistas se movilizaron por la Avenida del Libertador, el Puente Saavedra y General Paz y Balbín hasta llegar a Liniers.

En un comunicado emitido la semana pasada, que lleva la firma de Viviani, acusaron a las plataformas tecnológicas de "operar sin habilitación ni permiso, violando la Ley Nacional de Tránsito y evadiendo leyes laborales, impositivas y sociales vigentes en el país". Asimismo, anunciaron una movilización programada para el próximo jueves 10 de octubre.

Según el sindicato de taxistas, hay más de 25 mil vehículos ofreciendo "servicios irregulares", lo que provoca "la pérdida de unos 10 mil puestos de trabajo y la quiebra de 90 empresas familiares". Por lo que manifestaron, "se impone el cumplimiento de las normas que aseguran a los taxistas condiciones dignas y equitativas y una redistribución justa".

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