El incumplimiento del nuevo decreto presidencial prevé penas de hasta 2 años de prisión
Miles de presos quedaron en las calles, pero vos no podés salir ni para trabajar. El daño que causará este DNU a muchisimas personas es irreparable.
El próximo 16 de agosto los argentinos cumplirán 149 días de cuarentena, un récord con pocos competidores en el mundo. Durante estos casi cinco meses, las autoridades nacionales y provinciales fueron ajustando y flexibilizando la intensidad de las medidas restrictivas en virtud de las realidades locales de cada jurisdicción.
Para posibilitar estas diferencias, el Poder Ejecutivo dividió el país en dos grupos de provincias: las que se encuentran bajo distanciamiento social, preventivo y obligatorio y las que se encuentran en aislamiento social, preventivo y obligatorio. Los términos son parecidos, pero jurídicamente tienen diferencias. O las tenían.
Una de las principales potestades que tenían quienes están en un régimen de distanciamiento en comparación con los que están bajo aislamiento fue suspendida. Durante los próximos 15 días ningún argentino podrá participar de reuniones sociales o familiares en espacios cerrados.
La decisión fue adelantada por el presidente Alberto Fernández el viernes pasado, durante el mensaje que compartió con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Según argumentó, esos encuentros son los principales focos de contagio de coronavirus.
El texto de la norma, publicado anoche, sumó precisiones y generó críticas de opositores que empezaron a preguntar sobre la legalidad de la disposición presidencial. Argumentan que la medida representa un fuerte avance sobre las libertades individuales de las personas.
El decreto incluye sanciones para quienes incumplan con la prohibición de realizar reuniones familiares. Esas penas surgen de los artículos 205 y 239 del Código Penal.
El primero forma parte del capítulo IV -Delitos contra la salud pública- y se transcribe a continuación:
ARTICULO 205. - Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
