Arrestaron a falsos emisarios de Máximo Kirchner
Las víctimas eran funcionarios de la Cancillería; a uno de ellos lo habrían sometido a espionaje ilegal; el hijo de la vicepresidenta declaró como testigo en la causa.
Una banda cuyos integrantes se hicieron pasar por emisarios de Máximo Kirchner contactó a funcionarios de la Cancillería argentina y les exigió, bajo extorsión, que recaudaran dinero para "la campaña de La Cámpora", en un hecho que motivó una investigación judicial y que llevó al propio jefe del bloque de diputados del Frente de Todos a declarar como testigo.
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El hijo de la vicepresidenta dijo que no conocía a las cuatro personas imputadas, tres de las cuales están detenidas; la otra se encuentra prófuga.
La sorprendente historia, que tiene condimentos políticos y sugestivos ribetes de espionaje ilegal, salió a la luz por una denuncia del secretario de Asuntos Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernando Asencio, quien afirmó haber sido extorsionado por dos personas que lo contactaron en nombre de Máximo Kirchner. El funcionario es un dirigente oriundo de La Matanza y forma parte del equipo de colaboradores más cercano al canciller Felipe Solá.
Según la denuncia a la que accedió LA NACION, una mujer identificada como Verónica Gómez Castañón se comunicó por teléfono con Asencio el 19 de julio pasado, presentándose como la secretaria de Máximo Kirchner. Durante la llamada, la mujer convocó al funcionario a una reunión privada con el diputado en una sala de reuniones del hotel Hilton de Puerto Madero. El contexto político del encuentro: faltaba menos de una semana para el cierre de listas.
Según pudo saber este diario, la banda de "giradores" que se movía entre los pliegues de la coalición oficialista también quiso extorsionar a un embajador de carrera que tuvo misiones diplomáticas de relevancia en el exterior. Una fuente del Palacio San Martín deslizó incluso la posibilidad de que ese funcionario haya sufrido tareas de espionaje ilegal, ya que fue "robado tres veces en el mismo lugar". Ahora, la investigación está en manos del fiscal Carlos Rívolo.
