Investigan a Valentina Olguín por usar datos de gobernadores para compras en EE.UU.
El fiscal federal Agustín Chit le adjudicó cargos adicionales a la influencer Valentina Olguín. La investigación sostiene que utilizó CUITs de cinco gobernadores para adquirir ropa importada por el régimen Courier.
El fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, le habría impuesto a la influencer santiagueña Valentina Olguín la prohibición de salir del país, tras agravarle cargos y citarla a indagatoria pautada para el 4 de noviembre por presunto uso indebido de CUIT de gobernadores para compras en EE.UU. La figura imputada es "contrabando simulado en concurso real".
La causa comenzó el 28 de octubre de 2024, luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo denunciara que su CUIT fue usado sin autorización para comprar indumentaria en el exterior vía la tienda online Revolve, con ingreso al país a través de FedEx bajo el régimen Courier. Las entregas se realizaron en un domicilio en Núñez, Ciudad de Buenos Aires.
Las compras investigadas suman 16 operaciones entre septiembre y octubre de 2024. Olguín usó los datos fiscales de Jaldo en cinco ocasiones; del gobernador Ziliotto, cinco veces; Kicillof, cuatro; y uno cada uno con Frigerio y Orrego. El monto defraudado asciende a $1.367.313,08 (USD 1.281,45).
El 12 de diciembre de 2024 la vivienda de Olguín fue allanada por el Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal. Secuestraron USD 16.646, bolsas con ropa, un iPhone 15 Pro, una computadora y facturas de FedEx. Luego, el juez federal de Tucumán Juan Manuel Díaz Vélez la procesó sin prisión preventiva y trabó un embargo por $5.000.000.
El juez declaró incompetente parcial para intervenir en los distritos de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Juan, ratificando la jurisdicción de Tucumán. Olguín ofreció someterse a una "probation" y pidió disculpas públicas, pero la fiscalía rechazó esas opciones y parece encaminada hacia un juicio oral, con todos los cargos acumulados.
Con este nuevo escenario, Tucumán se posiciona como sede central del caso, abarcando delitos cometidos en cinco provincias. Para Olguín ya no hay escapatoria legal clara: la prohibición de salir del país sumada a los cargos la encamina hacia un proceso judicial complejo ante un tribunal federal.
