Argentina expulsó al representante iraní y subió la presión contra un régimen ligado al terror

El Gobierno argentino dio un nuevo paso en su confrontación con la República Islámica de Irán y ordenó la salida del principal representante diplomático iraní en Buenos Aires. La Cancillería informó que Mohsen Soltani Tehrani, consejero y encargado de negocios ad interim, fue declarado persona non grata y debía abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas, invocando el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

La decisión fue presentada como una respuesta directa al comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, al que el Gobierno argentino calificó como portador de acusaciones "falsas, ofensivas e improcedentes" contra la Argentina y sus máximas autoridades. En ese mismo texto oficial, la Casa Rosada sostuvo que Irán incurrió en una "inaceptable injerencia" en asuntos internos del país.

El choque bilateral no surgió de la nada. Días antes, la Argentina había resuelto declarar reunidos los requisitos para inscribir a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en el RePET, el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. La resolución conjunta fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de abril de 2026 y argumentó que esa organización representa una amenaza real o potencial para la seguridad nacional argentina.

La Cancillería además vinculó la expulsión con una deuda histórica que sigue abierta: la falta de cooperación de Irán con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA. En el comunicado oficial se remarcó la "persistente negativa" iraní a colaborar con la causa y el incumplimiento de órdenes internacionales de detención y extradición de acusados por el ataque terrorista de 1994.

Desde una mirada conservadora, el movimiento de Milei tiene una lectura clara. No se trata sólo de diplomacia: es una señal política de alineamiento sin ambigüedades con el bloque occidental y con Israel, pero también una reafirmación del derecho argentino a exigir memoria y justicia por uno de los peores atentados de su historia. Frente a un régimen que arrastra décadas de sospechas, encubrimientos y hostilidad, el Gobierno eligió abandonar la prudencia retórica y marcar un límite. Esa definición puede generar costos, pero también responde a una demanda elemental de soberanía: que ningún Estado extranjero agrave a la Argentina y pretenda seguir actuando como si nada hubiera pasado.

Israel celebró la medida. Según distintas coberturas, el canciller Gideon Sa'ar elogió la decisión argentina y la presentó como una señal valiente en defensa de la libertad y en la lucha contra el terrorismo. Ese respaldo confirma que la Casa Rosada buscó convertir el gesto diplomático en un mensaje geopolítico más amplio, en plena tensión regional.

Al mismo tiempo, la decisión abrió un debate dentro de la política argentina. Incluso sectores que comparten una postura crítica frente al régimen iraní advirtieron sobre el riesgo de una política exterior demasiado expuesta, sin capacidad real para influir en el conflicto de Medio Oriente pero sí con potencial para convertir al país en un blanco más visible. Esa discusión existe, pero no invalida el punto central: la Argentina tiene razones de sobra para sostener una posición dura frente a Irán, especialmente mientras siga sin haber cooperación plena con la Justicia por la AMIA.

En términos políticos, Milei buscó mostrar algo más que una afinidad ideológica con Washington y Jerusalén. Intentó instalar que su gobierno no está dispuesto a relativizar el terrorismo ni a separar conveniencia diplomática de memoria nacional. El desafío, hacia adelante, será que esa firmeza no quede sólo en la gestualidad y se traduzca en una política exterior coherente, seria y centrada en los intereses argentinos. Porque una cosa es plantarse; otra, mucho más difícil, es hacerlo con inteligencia estratégica.