El Gobierno ahorra $570 mil millones con el cierre de organismos en transporte y agro
En la previa al vencimiento de las facultades delegadas por la Ley Bases, el Gobierno anunció una reestructuración profunda del Estado.
El Gobierno de Javier Milei oficializó una ambiciosa reestructuración estatal que implica la eliminación o transformación de más de 100 organismos, con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar la eficiencia. El ajuste representaría un ahorro superior a los USD 2.000 millones anuales.
Los recortes más significativos se darán en los sectores de transporte y agroindustria, donde se estima un ahorro combinado de $570.500 millones.
Transporte: recortes por $488.000 millones
Cierre de Vialidad Nacional: ahorro de $440.000 millones.
Disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial: ahorro adicional de $16.000 millones.
Transformación de la CNRT en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La Junta de Seguridad en el Transporte pasará a investigar exclusivamente accidentes en aviación.
Agroindustria: recorte de $82.500 millones
INASE será una dirección dentro de la Secretaría de Agricultura, con un recorte de $1.000 millones.
INV se transformará en unidad organizativa, eliminando un gasto de $1.500 millones.
INTA funcionará como organismo desconcentrado. Con más de 6.000 empleados y un presupuesto de $224.000 millones, generaba ingresos por $411.000 millones, equivalentes al 47,5% de lo recaudado por retenciones al maíz.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, argumentó que estas medidas buscan eliminar estructuras que "generan costos innecesarios y trabas burocráticas".
Cambios en otras áreas
El plan también incluye:
Disolución de organismos como INADI, INV, INC, ENOHSA y CNRT.
Privatización o reconversión de empresas estatales como Intercargo, Corredores Viales, Energía Argentina, YCRT y Banco Nación.
Eliminación de más de 30 fondos fiduciarios.
Reformas en fuerzas de seguridad y entidades como el Malbrán, la UIF y el Museo Nacional de Bellas Artes.
Desde el Ejecutivo aseguran que cada medida fue evaluada bajo criterios de eficiencia, necesidad funcional y servicio efectivo a la ciudadanía.
