El Gobierno aplicará multas millonarias a La Fraternidad y la UTA por el paro de la CGT

El Gobierno de Javier Milei avanzará con multas millonarias contra los gremios del transporte La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), luego de considerar que ambas organizaciones incumplieron la conciliación obligatoria y participaron del paro nacional convocado por la CGT el pasado 19 de febrero.

Según trascendió, las sanciones que analiza aplicar la administración nacional serían de enorme magnitud. En el caso de La Fraternidad, el monto rondaría los 21 mil millones de pesos, mientras que para la UTA la cifra podría llegar a unos 70 mil millones de pesos.

La decisión se tomó después de que la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, verificara que ambos sindicatos habrían desobedecido la conciliación obligatoria vigente al momento de la medida de fuerza. Tras constatar esa situación, el organismo avanzó con los sumarios administrativos para aplicar las penalidades correspondientes.

Desde la CGT rechazaron la iniciativa oficial y cuestionaron con dureza la postura del Ejecutivo. La central obrera sostuvo que la intención de sancionar a los gremios responde a una supuesta "persecución política y sindical".

Por su parte, desde el Ministerio de Capital Humano difundieron un comunicado en el que explicaron el sustento legal de la medida. Allí señalaron que las infracciones previstas en el régimen general de sanciones por infracciones laborales contemplan multas que van del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

De acuerdo con la normativa vigente, las sanciones no tienen un monto fijo único. El valor final depende de diferentes factores, entre ellos la fecha exacta en que se produjo la infracción y la cantidad de trabajadores alcanzados por la medida.

Además del impacto económico, el conflicto podría traer otras consecuencias para las organizaciones sindicales. La legislación también prevé la posibilidad de quitar la personería gremial a aquellos gremios que incumplan una conciliación obligatoria.

Desde Capital Humano señalaron que la aplicación de estas penalidades apunta a "resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente", al remarcar que respetar las instancias de conciliación es una condición central dentro del sistema de relaciones laborales.

La conciliación obligatoria es una herramienta prevista por la ley para intervenir cuando surge un conflicto entre sindicatos y empleadores. Al activarse, ambas partes deben abrir un período de negociación bajo supervisión estatal y frenar cualquier medida de fuerza.

Ese proceso tiene una duración inicial de 15 días, con posibilidad de extenderse por otros cinco días. Durante ese lapso, las partes deben retrotraer la situación al momento previo al conflicto y abstenerse de realizar paros u otras acciones directas, bajo riesgo de ser sancionadas.