El Gobierno buscará el juicio político contra la jueza K que liberó a terroristas
Los delincuentes estaban detenidos bajo los cargos de atentado, luego de los violentos disturbios en el Congreso.
Horas después de los violentos disturbios ocurridos durante la "marcha de los jubilados" frente al Congreso, la jueza Karina Andrade, conocida por su vínculo con el kirchnerismo y titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, decidió liberar a 114 de los detenidos. Los arrestados, 94 de ellos por la Policía de la Ciudad, enfrentaban cargos de atentado y resistencia a la autoridad, tras los graves incidentes que desbordaron la zona del Congreso.
La decisión de Andrade ha desatado una fuerte reacción por parte del Gobierno de Javier Milei, que calificó el acto como una defensa de los delincuentes violentos que provocaron destrozos millonarios y lesiones a más de 40 personas, incluidos 26 policías. El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó su enérgico rechazo en sus redes sociales, destacando que los manifestantes no fueron parte de una protesta pacífica, sino que actuaron como "criminales organizados" que atacaron a las fuerzas de seguridad y causaron daños significativos a la ciudad.
Desde el Gobierno de Milei, se ha anunciado que se avanzará en un juicio político contra la jueza Andrade por su actuación, que se considera un posible incumplimiento de sus funciones. En este sentido, se ha solicitado que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires revise su accionar.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se refirió a la liberación, acusando a la jueza de ser cómplice de la impunidad y responsabilizando a la "justicia de la puerta giratoria" por contribuir a la inseguridad en el país. "La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina", declaró Adorni, refiriéndose a la rápida liberación de los detenidos.
Los disturbios en el Congreso, que según el Gobierno de Milei fueron un intento de desestabilización, dejaron un saldo de 46 personas heridas, de las cuales 26 eran policías, y una considerable cantidad de daños materiales. Fuentes de la Policía de la Ciudad confirmaron que seis vehículos y dos patrulleros fueron destruidos durante los incidentes, con un costo aproximado de 55 mil dólares por cada patrullero. Los daños a la infraestructura pública se estiman en 275 millones de pesos.
La situación ha intensificado el enfrentamiento entre el Gobierno de Milei y los sectores kirchneristas, con una creciente controversia sobre la actuación de la justicia en casos de violencia y desorden público.
