El Gobierno intenta poner paños fríos: ofreció un aumento del 24% a las universidades
En una semana marcada por la tensión política y los reclamos del sector universitario, Nación dio una señal de acercamiento y avanzó en una negociación clave con los rectores.
Mientras el enfrentamiento entre el Ejecutivo y las universidades parecía encaminarse hacia un nuevo punto de ruptura, una reunión reservada realizada este lunes abrió una puerta para intentar destrabar la crisis.
El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes volvieron a sentarse a negociar después de semanas de cruces públicos, movilizaciones y reclamos presupuestarios.
La oferta del Gobierno
Según trascendió, el Ejecutivo puso sobre la mesa una propuesta que incluye una recomposición salarial del 24,3% para docentes y no docentes universitarios.
La oferta contempla recuperar parte de la pérdida salarial acumulada durante 2024, el desfasaje registrado en 2025 y los primeros meses de 2026.
El esquema prevé un pago en dos etapas:
- 21,3% en junio.
- 3% adicional en octubre.
Además, se planteó la creación de una comisión técnica para seguir discutiendo las diferencias pendientes correspondientes a 2024 y garantizar negociaciones paritarias cada tres meses.
Más fondos para becas y universidades
La propuesta oficial no se limitó únicamente a los salarios.
También incluyó:
- Un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano.
- Un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades.
- Un fondo extraordinario de $50.000 millones destinado a hospitales universitarios.
Este último punto era uno de los principales focos de conflicto, ya que distintas universidades habían advertido que la falta de actualización presupuestaria ponía en riesgo la continuidad de servicios y prestaciones.
El punto que trabó el acuerdo
Pese al avance de las conversaciones, la negociación terminó frenándose por una condición planteada por el Gobierno.
Según confirmaron fuentes vinculadas a las conversaciones, el Ejecutivo pidió que las universidades retiren la demanda judicial que reclama la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
La normativa establece actualizaciones de salarios y becas vinculadas a la inflación y representa un compromiso presupuestario que el Gobierno considera incompatible con su objetivo de mantener el superávit fiscal.
Allí apareció el principal obstáculo.
Los rectores se plantaron
Desde el sistema universitario rechazaron de plano la posibilidad de abandonar la vía judicial.
"No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación", señalaron representantes de las universidades.
Los rectores consideran que la demanda funciona como una garantía institucional para sostener los reclamos del sector y entienden que retirarla significaría perder una herramienta clave de presión.
Al mismo tiempo, sostienen que la propuesta presentada por el Gobierno demuestra que existen recursos para comenzar a resolver el conflicto.
