La fiscalía volvió a reclamarle al Tribunal que subaste de forma inmediata los bienes de Cristina

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal N°2 avanzar sin más dilaciones en la ejecución del decomiso ordenado en la causa Vialidad, por un monto actualizado de $684.990 millones.

En su presentación, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que "transcurrieron más de cuatro meses desde que la decisión quedó firme y aún no se ha concretado la ejecución", pese a que el fallo tiene fuerza de sentencia definitiva.

Luciani y Mola remarcaron que los condenados -entre ellos Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez- no cumplieron con la orden judicial. "No depositaron ni un solo peso. La resistencia de los condenados a devolverle al Estado argentino parte de la defraudación colosal y sistemática que llevaron adelante durante 12 años constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley", expresaron.

Los fiscales reclamaron que el tribunal avance de inmediato con la ejecución sobre los bienes embargados, conforme al artículo 23 del Código Penal, hasta cubrir el monto total del perjuicio. "El cumplimiento total de la sentencia no puede quedar librado a la buena voluntad de los condenados. El incumplimiento liso y llano obliga al Estado a utilizar todos los medios compulsivos que la ley establece para revertir esa situación", agregaron.

Según el dictamen, el decomiso incluye todas las incorporaciones patrimoniales entre 2003 y 2015, período en el que se habría ejecutado la maniobra de defraudación al Estado a través de 51 licitaciones viales en Santa Cruz.

"Este proceso se encuentra en un punto en el cual el tribunal debe cumplir y hacer cumplir su propio fallo. Se trata de una orden firme que tiene que ejecutarse sin más demoras", destacaron Luciani y Mola.

Los bienes alcanzados por el decomiso

Los fiscales identificaron una serie de inmuebles y activos adquiridos durante el período investigado que podrían ser ejecutados para cubrir la suma ordenada.

Entre ellos figuran:

• Propiedades en El Calafate, cedidas por Austral Construcciones -la empresa de Báez- a Cristina Kirchner.

• Inmuebles en Río Gallegos, transferidos a Máximo y Florencia Kirchner.

• Un fideicomiso para la construcción de un edificio de 10 departamentos.

• Cuatro inmuebles adquiridos por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.

Respecto del fideicomiso, el documento detalla que "Lázaro Báez, que por medio de Austral recibía fondos del Estado, aportaba parte de su capital para construir las unidades funcionales para los expresidentes".

También fue incluido el Complejo Hotel Los Sauces, propiedad de Máximo y Florencia Kirchner. Aunque la defensa alegó que el inmueble fue adquirido en 2002, los fiscales sostuvieron que "fue construido con posterioridad al inicio de la maniobra criminal y mediante contratos con Austral Construcciones".

"El terreno fiscal que Cristina Fernández adquirió en 2002 a valores irrisorios fue luego intervenido por Austral, que le devolvió un hotel de lujo construido dentro de su perímetro. Otro pingüe negocio celebrado entre la ex funcionaria pública y el contratista ilegítimamente beneficiado por ella misma", se lee en el dictamen.

Luciani y Mola concluyeron que todos esos bienes deben integrar la nómina a decomisar para reintegrarle a la sociedad "parte del beneficio ilegítimo procedente del delito comprobado".