Ley de Glaciares: Diputados aprobó la reforma y las provincias decidirán qué zonas siguen protegidas

La Cámara de Diputados aprobó este jueves 9 de abril de 2026 la reforma de la Ley de Glaciares y le dio sanción definitiva a uno de los proyectos más sensibles del año político. La votación terminó con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, después de una sesión atravesada por protestas callejeras, presión ambientalista y un fuerte cruce entre oficialismo y oposición.

El cambio central es político y económico a la vez: ya no habrá una protección automática e idéntica para todas las áreas glaciares y periglaciares, sino que las provincias pasarán a determinar, mediante evaluaciones técnico-científicas, cuáles conservan una función hídrica efectiva y cuáles podrían quedar habilitadas para actividades extractivas. El Gobierno defendió la reforma como una "aclaración" del régimen vigente y sostuvo que permitirá destrabar inversiones mineras frenadas por una definición demasiado amplia de las zonas protegidas.

Para la Casa Rosada, el objetivo es claro: atraer capitales hacia proyectos de cobre, oro y plata en la Cordillera y acercar a la Argentina al volumen minero de Chile, país que el oficialismo puso como referencia durante el debate. Según reportes sobre la sesión, el argumento oficial fue que la ley anterior terminaba bloqueando desarrollo, empleo e ingreso de divisas en provincias cordilleranas con potencial minero.

Desde una mirada conservadora, el dato de fondo es que el Congreso volvió a poner sobre la mesa una discusión que durante años quedó secuestrada por el ambientalismo militante: cómo aprovechar recursos estratégicos sin resignar control estatal ni seguridad hídrica. El desarrollo minero no puede quedar paralizado por consignas, pero tampoco puede descansar en slogans de mercado. La clave será si las provincias ejercen su nueva potestad con criterios técnicos serios, transparencia y defensa concreta del interés nacional.

Los detractores de la reforma sostienen exactamente lo contrario. Organizaciones ambientales, científicos y parte de la oposición advirtieron que la modificación debilita uno de los pilares de la legislación ambiental argentina y pone en riesgo reservas críticas de agua dulce. También anticiparon que la norma será judicializada, con el argumento de que podría vulnerar el piso mínimo de protección ambiental que debe garantizar la Nación.

El debate no es menor. El inventario nacional de glaciares relevó cerca de 17.000 cuerpos de hielo en el país, y los críticos de la ley recuerdan que esas masas cumplen una función de regulación hídrica clave en ecosistemas de montaña y en cuencas de las que dependen millones de personas. Esa advertencia fue uno de los ejes de las protestas que acompañaron la sesión en las inmediaciones del Congreso.

Aun así, el oficialismo logró algo más que una reforma ambiental: consiguió su primera victoria legislativa fuerte del último mes, en medio de una agenda pública dominada por denuncias, desgaste político y malhumor económico. El resultado también marca que, cuando se alinean el Gobierno, bloques aliados y provincias interesadas en minería, Milei todavía puede construir mayorías para temas estratégicos.

Ahora empieza la verdadera pelea. No será sólo en tribunales, sino también en las provincias cordilleranas, donde deberá definirse qué áreas quedan bajo resguardo y cuáles se abrirán a nuevos proyectos. En otras palabras: el Congreso cerró una etapa, pero la disputa por el agua, la minería y la soberanía sobre los recursos recién entra en su fase más concreta. Esa será la prueba real de la reforma.