Nación y empresas energéticas trabajan en un plan para evitar cortes masivos de luz en el verano

Ante la emergencia energética vigente hasta 2026, el Gobierno inició conversaciones con el sector para identificar los puntos críticos del sistema. El objetivo es prevenir apagones durante los picos de consumo.

Redacción El Nacionalista

El Gobierno inició conversaciones con empresas del sector de la energía eléctrica para definir un plan de contingencia que permita evitar cortes masivos de luz en el verano, cuando las olas de calor suelen provocar consumos récord y poner al límite el sistema.

La Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, activó en los últimos días la planificación dentro del marco de la emergencia energética que rige hasta julio de 2026. El análisis apunta a detectar los "puntos flacos" del sistema y establecer distintos escenarios para dar respuesta rápida ante eventuales problemas.

"Para el corto plazo, necesitamos medidas que son solamente paliativas para gestionar esa poca oferta y la demanda", señaló Tettamanti en un foro energético de la organización Líderes Empresarios (LIDE). Durante el invierno, la salida de servicio de la central Atucha II obligó al Gobierno a importar electricidad de países vecinos y a utilizar combustibles alternativos al gas, más costosos, para generar energía.

En paralelo, el Gobierno proyecta obras estructurales para superar los cuellos de botella del sistema, como aumentar la generación y el almacenamiento de energía y reforzar el transporte de alta tensión. Una de las iniciativas clave es la licitación AlmaGBA, que se adjudicará a fines de agosto y busca garantizar 500 MW de almacenamiento en puntos críticos de la Ciudad y el conurbano bonaerense, con una inversión estimada en más de US$1000 millones.

Asimismo, antes de fin de año se lanzará la licitación para tres grandes obras de refuerzo del sistema eléctrico: el proyecto AMBA I y dos líneas de transmisión de 500 kV que conectarán Mendoza y Chubut con Buenos Aires, con una inversión proyectada de al menos US$2000 millones.

El objetivo, según el Gobierno, es reducir el riesgo de apagones en el corto plazo y asegurar un sistema más robusto y estable en los próximos años.

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