Por domicilios desconocidos el Gobierno suspenderá 270.000 pensiones

La medida se enmarca en una auditoría masiva que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad.

Redacción El Nacionalista

El Gobierno Nacional anunció que podría suspender 270.000 pensiones por discapacidad correspondientes a personas cuyos domicilios no pudieron ser verificados. La medida se enmarca en una auditoría masiva que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo dependiente del Ministerio de Salud, con el objetivo de revisar y depurar el universo total de más de un millón de beneficiarios.

El Ejecutivo ya envió más de 550.000 notificaciones, logrando contacto con solo 280.000 personas. En tanto, en más de 220.000 casos no se logró verificar ningún domicilio, y otros 50.000 intentos fallaron por causas como vacaciones, rechazos o direcciones inaccesibles.

Sostienen que los pagos a esas 270.000 personas serán suspendidos si no se logra comprobar la validez del beneficio. Además, el Gobierno evalúa cruzar información con la Dirección Nacional de Migraciones, ante la sospecha de que una parte de los beneficiarios ya no reside en la Argentina.

La revisión incluye la derogación de la resolución 187/2025, que establecía los lineamientos para las evaluaciones vigentes hasta el momento. En su lugar, se implementará un nuevo marco normativo, aún en desarrollo, que contará con la participación de especialistas y organizaciones civiles del sector.

Entre los nuevos requisitos, el Ejecutivo exigirá un certificado médico oficial, constancia de secuelas invalidantes, historia clínica completa y estudios complementarios. Desde el 1 de marzo comenzó la convocatoria a turnos para las evaluaciones médicas.

La decisión generó fuerte reacción en la oposición, que este miércoles presentó en el Congreso un proyecto de ley para declarar el estado de emergencia en discapacidad. La iniciativa busca, entre otros puntos, actualizar aranceles del sistema de prestaciones básicas, saldar deudas con prestadores y garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones, con mecanismos claros de control y permanencia.

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