Provincia congelará sueldos de funcionarios y estima ahorrar $2.000 millones
La vocera del Gobierno provincial, Paula Benavides, confirmó que el decreto de austeridad impulsado por Gustavo Sáenz apunta a enfrentar la caída de la coparticipación nacional. La medida alcanza a funcionarios políticos.
El Gobierno de Salta puso en marcha un decreto de austeridad con el que busca generar un ahorro estimado de $2.000 millones, en medio del impacto que viene provocando la caída de los recursos por coparticipación nacional. La confirmación fue realizada por la vocera oficial Paula Benavides, quien explicó que el recorte se centra en los salarios de la planta política.
Según detalló la funcionaria, la medida consiste en desenganchar los sueldos de los funcionarios políticos de las paritarias, por lo que no recibirán actualizaciones automáticas junto con los acuerdos salariales del resto de la administración pública. Benavides remarcó que esta decisión no alcanza a los empleados de planta permanente ni transitoria.
"El ahorro se da por no atar los sueldos de los funcionarios a las paritarias", explicó la vocera en diálogo con N&N, al tiempo que señaló que el monto previsto incluso podría crecer si en los próximos meses se cierran nuevas negociaciones salariales.
Además del congelamiento salarial, el paquete de austeridad incluye otras restricciones para reducir gastos del Estado. Entre ellas figuran limitaciones al gasto administrativo, controles sobre el uso del parque automotor, la eliminación de viajes al exterior financiados con fondos provinciales y la suspensión de gastos protocolares por 180 días.
Benavides sostuvo que, pese al contexto económico adverso, la prioridad del Gobierno salteño es sostener el funcionamiento de áreas sensibles como salud, educación y seguridad, que concentran cerca del 80% del presupuesto provincial. En ese marco, defendió la decisión de aplicar el ajuste sobre la estructura política y no sobre los servicios esenciales.
La vocera también aclaró que no se trata de una norma obligatoria para otros poderes del Estado ni para los municipios, sino de una medida del Ejecutivo provincial, aunque dejó abierta la posibilidad de que otros sectores adhieran voluntariamente al esquema de recorte.
Con este plan, la Provincia intenta amortiguar el golpe de la baja en los ingresos nacionales sin afectar áreas estratégicas, en un escenario económico que obliga a revisar cada partida y priorizar el funcionamiento básico del Estado.
