Sáenz congela sueldos de funcionarios en Salta por la caída de la coparticipación

El gobernador Gustavo Sáenz dispuso un decreto de "austeridad y control" por 180 días en medio de la caída de la coparticipación y de un escenario económico que golpea las finanzas provinciales. La decisión fue anunciada este viernes 10 de abril de 2026 por la vocera oficial Paula Benavides, quien sostuvo que la prioridad es preservar el equilibrio de las cuentas sin trasladar el costo directamente a la gente.

La medida congela las remuneraciones de los funcionarios de más alto rango del Ejecutivo. Entre los alcanzados figuran el propio gobernador, el jefe de Gabinete, secretarios, subsecretarios, síndico general, personal de apoyo y también autoridades de empresas y organismos estatales, como gerentes, directores y presidentes.

El decreto también suspende vacantes y contrataciones, restringe los gastos de cortesía y protocolo, prohíbe las comisiones de servicio fuera del país salvo casos justificados y ordena un mayor control sobre el uso de vehículos oficiales. A eso se suma la revisión y eventual renegociación de contratos estatales, en especial aquellos pactados en moneda extranjera. Además, los organismos que administren recursos públicos deberán rendir cuentas mensualmente al Ministerio de Economía.

Desde la Provincia remarcaron que el criterio elegido busca enviar una señal política clara: el ajuste debe empezar por arriba. Esa definición tiene peso en un contexto donde muchas administraciones hablan de crisis, pero pocas deciden congelar primero los ingresos de la planta política. En términos de comunicación pública, el mensaje apunta a mostrar disciplina fiscal y ejemplaridad dentro del propio Estado.

El trasfondo financiero no es menor. Salta quedó incluida entre las 12 provincias alcanzadas por el Decreto 219/2026, publicado el 6 de abril en el Boletín Oficial, que habilitó anticipos financieros por hasta 400.000 millones de pesos a cuenta de coparticipación. Esos fondos no son transferencias libres: deben devolverse dentro del ejercicio fiscal 2026, con intereses, y el monto final depende de la capacidad de repago que determine la Secretaría de Hacienda nacional.

Ahí aparece uno de los puntos políticos de fondo. El decreto nacional confirma que varias provincias atraviesan tensiones de caja por la caída de la recaudación y del consumo, pero también expone una dependencia estructural: cuando la Nación maneja la llave financiera, los gobernadores quedan condicionados por mecanismos de asistencia transitoria que pueden ordenar el corto plazo, aunque no resuelven el problema de fondo.

Benavides también vinculó la fragilidad económica local con otros recortes de origen nacional. Según expresó, desde abril unos 53.000 beneficiarios de planes sociales en Salta dejarían de percibir ese ingreso, con un impacto estimado de 4.000 millones de pesos en la economía provincial.