Salta aprobó sanciones para padres por bullying: multas, tratamiento y hasta 30 días de arresto

La Cámara de Diputados de Salta aprobó una reforma del Código Contravencional que introduce sanciones para madres, padres y tutores que no intervengan ante casos de bullying protagonizados por sus hijos. La iniciativa modifica el marco legal provincial e incorpora una respuesta más dura frente a un problema que viene creciendo dentro y fuera de las escuelas.

El punto central de la reforma es que la sanción no recae de manera automática por la conducta del menor, sino por la omisión del adulto responsable una vez que fue formalmente advertido. Según lo informado durante el debate legislativo, los tutores deberán comparecer ante un juez contravencional y cumplir con las medidas que se les ordenen si desoyen los requerimientos de la institución educativa.

Las sanciones previstas incluyen hasta 30 días de arresto o 30 días de multa. También pueden reemplazarse por tareas comunitarias o por la obligación de asistir a tratamientos psicológicos, según el caso y la decisión judicial. La diputada Socorro Villamayor aclaró que no se trata de una pena penal automática ni de una prisión inmediata, sino de herramientas contravencionales pensadas para forzar la intervención de la familia antes de que el problema escale.

Acá aparece una corrección importante para el enfoque periodístico: hoy no está claro en las fuentes públicas consultadas cuánto deberán pagar exactamente los padres en pesos. Lo aprobado habla de "30 días de multa", pero los artículos relevados no precisan el valor monetario final de esa sanción. Por eso, afirmar un monto cerrado puede ser apresurado. Lo que sí está confirmado es que, además de la multa, el juez podría ordenar tratamientos psicológicos, lo que sumaría un costo económico para la familia.

La reforma fue impulsada en un contexto de mayor preocupación por la violencia escolar. Durante el debate, legisladores salteños vincularon el endurecimiento de la respuesta estatal con episodios graves ocurridos en otras provincias y con la necesidad de evitar que el bullying quede librado a advertencias sin consecuencias. El proyecto original provino del Senado, a partir de una iniciativa de la senadora Bettina Navarro, y luego fue armonizado con otros aportes en Diputados.