Un juez kirchnerista declaró la nulidad del protocolo antipiquetes del Gobierno de Milei

Un juez federal declaró la nulidad del llamado "protocolo antipiquetes", implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2023, bajo la gestión de Patricia Bullrich y mantenido luego por la actual ministra, Alejandra Monteoliva.

La decisión fue tomada por el magistrado Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien resolvió a favor de una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos que había cuestionado la legalidad de la resolución 943/2023.

Cuáles eran los puntos claves del protocolo

El protocolo establecía que las fuerzas de seguridad podían intervenir de forma inmediata ante manifestaciones o cortes de calles, bajo el criterio de "flagrancia delictiva". También autorizaba tareas de identificación de manifestantes a través de filmaciones, fotografías y agentes de civil.

Para el juez Cormick, estas acciones vulneran derechos constitucionales como la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho a peticionar a las autoridades. En su fallo, indicó que "la administración pública no puede dictar normas que restrinjan derechos fundamentales sin respaldo legal del Congreso".

Además, subrayó que calificar una protesta como delito penal no puede ser competencia del Ejecutivo, sino de jueces y fiscales, quienes deben determinar si se justifica o no una intervención represiva. "La protesta social no puede ser asimilada automáticamente a un delito", remarcó el juez.

Qué pasará con la medida

El fallo ordena al Ministerio de Seguridad abstenerse de aplicar el protocolo, pero aclara que la resolución puede ser apelada ante instancias judiciales superiores. Por ahora, deja sin efecto una de las herramientas clave con las que el Gobierno nacional buscaba ordenar la protesta social y garantizar la circulación.