El Gobierno intimó a las universidades por los paros y pidió garantizar las clases
Nación dio 48 horas a las universidades nacionales para presentar un plan de continuidad académica. Piden asegurar clases, exámenes y recuperación de contenidos pese a las medidas de fuerza.
El Gobierno nacional intimó a las universidades nacionales a explicar cómo garantizarán el dictado de clases en medio de los paros docentes y no docentes que afectan a distintas instituciones del país.
La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro "El Profe" Álvarez. Las casas de estudio tendrán 48 horas para presentar un plan que asegure la continuidad académica.
Según el documento oficial, Nación manifestó su preocupación por la suspensión de actividades que, en algunos casos, se extiende durante varias semanas. Por eso, exigió la implementación de planes de contingencia para sostener el ciclo lectivo y proteger el derecho a la educación de los estudiantes.
El pedido del Gobierno incluye tres puntos principales: garantizar el ingreso a los establecimientos de los docentes que no adhieran a los paros, aplicar modalidades alternativas como clases virtuales o reprogramaciones, y asegurar que los alumnos no pierdan regularidad ni turnos de examen.
Desde Capital Humano remarcaron que el derecho a enseñar y aprender está reconocido por la Constitución Nacional y que no puede quedar condicionado por conflictos gremiales. En esa línea, señalaron que el derecho a huelga no debe impedir el acceso a la educación.
Otro de los puntos fuertes del comunicado apunta al financiamiento. La Casa Rosada sostuvo que el aporte económico del Estado nacional al sistema universitario requiere que el servicio educativo funcione de manera efectiva.
En ese marco, Álvarez advirtió que el incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en una revisión de la asignación, ejecución o transferencia de fondos nacionales. La advertencia abre la puerta a posibles medidas sobre el presupuesto universitario.
El texto también menciona el principio de continuidad del servicio público y sostiene que la educación superior debe brindarse de forma regular, constante e ininterrumpida. Según ese criterio, la cancelación reiterada de clases o el cierre de facultades podría vulnerar ese principio.
Además, el Gobierno anticipó que, en caso de incumplimiento, podría dar intervención a organismos de control como la SIGEN y la Auditoría General de la Nación. También dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones administrativas o judiciales.
Con esta decisión, la gestión de Javier Milei endurece su postura frente al conflicto sindical universitario y traslada a las autoridades de cada institución la responsabilidad de garantizar el funcionamiento básico del sistema.
