Ley de Glaciares: rechazaron frenar la reforma de Milei y ahora el Gobierno ganó tiempo clave
Un juez federal rechazó la cautelar que buscaba suspender la nueva Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional. Aunque aceptó el amparo colectivo ambiental, la reforma sigue vigente.
La pelea por la reforma de la Ley de Glaciares sumó este viernes un capítulo clave para el Gobierno de Javier Milei. El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, rechazó la medida cautelar que buscaba suspender en todo el país la aplicación de la nueva Ley N° 27.804, aprobada por el Congreso y promulgada el pasado 24 de abril.
La decisión representa un alivio político y judicial para la Casa Rosada, ya que la reforma seguirá vigente mientras avanza la discusión de fondo.
El planteo había sido impulsado por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, junto a la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientalistas, que denunciaron que la nueva norma implica un "retroceso" en materia ambiental y favorece actividades extractivas, especialmente la minería.
Sin embargo, Baric fue contundente al rechazar el intento de frenar la ley de manera inmediata.
El argumento clave del juez
El magistrado sostuvo que ningún juez puede suspender una ley nacional con efectos generales mediante una cautelar. Para fundamentar su decisión citó un antecedente de la Corte Suprema del año 2010, conocido como fallo "Thomas".
Según explicó, los demandantes no demostraron daños concretos ni identificaron glaciares específicos afectados por la reforma.
Además, consideró que el pedido estaba planteado "en abstracto" y sin pruebas suficientes de un perjuicio irreparable.
En otras palabras, el juez entendió que no había elementos sólidos para paralizar una ley ya aprobada por el Congreso.
Qué cambia con la nueva Ley de Glaciares
La reforma impulsada por el oficialismo modifica puntos sensibles de la vieja Ley 26.639.
Entre los cambios más importantes aparecen:
-Se limita la protección únicamente a glaciares con "función hídrica comprobada o relevante" .
-Las provincias pasan a tener mayor poder para autorizar proyectos mediante estudios de impacto ambiental.
-El IANIGLA pierde peso en los controles y queda más enfocado en tareas registrales.
-Para sectores productivos y provincias mineras, el cambio representa una oportunidad para destrabar inversiones frenadas durante años.
En cambio, organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma abre la puerta al avance minero en zonas que antes estaban protegidas.
El caso sigue abierto
Aunque rechazó la cautelar, el juez sí habilitó el amparo ambiental colectivo. Ahora el Estado Nacional tendrá cinco días hábiles para responder oficialmente y defender la constitucionalidad de la reforma.
La causa quedó registrada además en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.
Mientras tanto, la ley sigue plenamente vigente y el Gobierno gana tiempo en una discusión que promete escalar fuerte en los próximos meses, especialmente en provincias cordilleranas donde la minería y los recursos naturales vuelven a quedar en el centro del debate político y económico.
