Juicio a la Corte: citan a Garavano, Torello y "Pepín" Rodríguez Simón por el fallo que benefició a represores

La comisión de juicio político se reunió este martes para tomar testimonios y citó para dentro de 7 días al ex ministro de Justicia Germán Garavano, al senador del PRO José Torello y al ex asesor presidencial Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.

Deberán declarar sobre el fallo de la Corte que permitió la salida anticipada en 2017 del represor Luis Muiña, a partir de la aplicación del 2x1, que permite reducir la pena por buena conducta. Una marcha de repudio obligó al Congreso a sancionar una ley para eliminar ese beneficio a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

El fallo Muiña es una de las causales del juicio político a la Corte, porque la hipótesis del kirchnerismo es que fue posible por el voto de Elena Highton de Nolasco y que como premio Garavano no apeló el fallo Schiffrin, que ratificaba la edad límite de 75 años para permanecer en el máximo tribunal.

Según las crónicas de la época, leídas en la Comisión, los entonces asesores Torello y Rodríguez Simón trabajaron en el diseño jurídico del plan. Pepín está prófugo en Uruguay y la presidenta de la Comisión Carolina Gaillard anunció que le informará de la citación a las autoridades de Interpol.

También fueron citaron a Santiago Otamendi, el funcionario del ministerio de Justicia que tuvo la orden de no apelar el fallo Schiffrin. Y el actual subprocurador del Tesoro Horacio Diez, encargado de llevar adelante los juicios del Estado.

"Los fallos fueron todos simultáneos y Higthon reconoce en privado la negociación. Está claro en las carpetas de circulación de la Corte y lo vamos a demostrar", anticipó a LPO una fuente del oficialismo al tanto de la estrategia.

Los otros invitados son Gladys Cuervo y Zulma Chester, víctimas de la represión en el Hospital Posadas durante la última dictadura militar. Muiña, fallecido en 2021, lideraba esos operativos.

El martes 28 la comisión abordará la causa sobre coparticipación, que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires. Declarará el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro, el procurador del Tesoro Carlos Zannini y el gobernador de Chaco Jorge Capitanich.

La comisión recibió este martes a otros testigos, pero hubo dos ausencias. El fiscal Carlos Stornelli pidió declarar por escrito y pedirán su desafuero.

Y el abogado Marcelo Mazzeo, que aparece en la última filtración de chats del ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, no quiso asistir, volvió a ser citado y Gaillard anunció que si falta otra vez enviarán un oficio a la comisaría para que sea traído por la fuerza. El reglamento de la Comisión lo permite.

El Frente de Todos quedó conforme con el resto de los testigos, porque la mayoría confirmó sus hipótesis de investigación. Mientras que Juntos por el Cambio esta vez asistió con todos los miembros de la comisión y autoridades de las bancadas.

A los gritos, denunciaron un permanente hostigamiento a los testigos, que muchas veces no podían hacer escuchar sus respuestas. "Está vez vinieron a romper", repetían los oficialistas.

El primer en declarar fue Juan Manuel Olima Espel, secretario de coordinación institucional de la procuración. Admitió que chatea con el ministro de Seguridad de la Ciudad Marcelo D'Alessandro, como surge de la última filtración.

Se lo había reconocido a la periodista Chintia García en un intercambio de twitter, que relató en la comisión: dijo que su madre tuvo un problema de salud y cuando retomó sus actividades no soportó las críticas por la red social.

"Me pareció muy injusto lo que se estaba diciendo de mí y por eso lo contesté. Se me trató de que había tenido un comportamiento impropio o desleal con mi jefe y no tuve ningún comportamiento ni impropio ni desleal", se molestó.

Interrogado por el kirchnerista Rodolfo Tailhade, Olima Espel no confirmó el chats que aparece en la filtración, en el que parece anticiparle un dictamen de la procuración sobre el caso Coparticipación.

"Yo particularmente a ese chat no lo recuerdo. Por mi función trato con funcionarios nacionales como provinciales de los tres poderes, interactúo permanentemente, dentro del marco de mis funciones. Particularmente ese no lo recuerdo", señaló.

"No se puede probar indirectamente conversaciones de origen ilícito a partir de otras conversaciones que también tuvieron origen ilícito. Tenemos que reconducir esto", exigió sin éxito Mariana Stilman, de la Coalición Cívica.

Otros testigos que declararon fueron Sebastián Garay, de la secretaría de juicios originarios; y Guillermo Garay, su tío y miembro de la vocalía de Horacio Rosatti.

Su hermano es Alejandro Garay, padre de Sebastián y presidente del colegio de Abogados de calle Montevideo, que inició la demanda por la composición del Consejo de la Magistratura que fue tomada por la Corte en 2021 para rearmarlo con la integración que tenía hasta 2006.

"Lo están citando por hijo", reclamó el jefe de la UCR Mario Negri, con un golpe de mesa, molesto por el interrogatorio de la kirchnerista Vanesa Siley a Sebastián Garay.

"Acá se les preguntan cosas a los testigos que nada tienen que ver con el juicio político a la Corte Suprema. ¡Es hostigamiento!", denunció Silvia Lospennato, de Pro.

Siley quiso saber si había actuado en la causa por coparticipación, que corresponde a su secretaria, pero no logró que diera detalles.

Guillermo contó que antes de la pandemia recibía a su hermano en su despacho. "Eran reuniones sociales. Es mi hermano", se excusó.

El funcionario confirmó el grupo de chat que la vocalía compartía con Silvio Robles y Natalia Monayer, las personas de confianza de Rosatti acusados por el kirchnerismo de influir en los fallos.

Monayer, que es licenciada en ciencias políticas, fue la última testigo en declarar y la que peor la pasó. Confirmó que administraba grupos de chat del presidente de la Corte y que tenía acceso al registro interno de las causas, con clave propia.

"Quiero dejar constancia de la irregularidad. La señora no es letrada judicial", la increpó el kirchnerista Leopoldo Moreau, encargado de interrogarla.

Logró que confesara conocer la firma Moro S.R.L. de Robles y cuando le preguntaron si también la integra su madre Patricia Duro, respondió con un "puede ser".

Ante la insistencia de la oposición, Moreau dijo que la pregunta se debía a qué en esa sociedad podría haber tráfico de influencias. "Yo no tengo ningún vínculo con la sociedad", cerró Monayer. 

fuente: LPO