Estados Unidos volvió a marcar distancia de la ONU por el pacto migratorio

El gobierno de Estados Unidos confirmó este lunes que no respaldará la declaración de "progreso" del Foro Internacional de Revisión de la Migración de Naciones Unidas. La decisión se enmarca en la política migratoria que impulsa la administración del presidente Donald Trump.

Desde el Departamento de Estado informaron que el país no participó de la segunda edición del foro, realizada entre el 5 y el 8 de mayo en la sede de la ONU, en Nueva York. Además, anticiparon que tampoco acompañarán el documento final vinculado al proceso de revisión del Pacto Mundial para una "Migración Segura, Ordenada y Regular".

Según la postura de Washington, el mecanismo de Naciones Unidas dejó de ser un espacio técnico de cooperación y se transformó en una plataforma que impulsa políticas favorables a la migración masiva hacia Occidente.

El Foro Internacional de Revisión de la Migración es el principal ámbito de la ONU para analizar la implementación del Pacto Mundial sobre Migración, adoptado en 2018 como un marco de cooperación internacional no vinculante.

La Organización Internacional para las Migraciones y otras agencias de Naciones Unidas sostienen que el objetivo del pacto es "mejorar la gestión global de los flujos migratorios, promover la cooperación entre países y garantizar condiciones más seguras para los migrantes". Sin embargo, la administración Trump asegura que ese enfoque no contempla los problemas que enfrentan los países receptores.

Estados Unidos ya se había apartado del proceso durante el primer mandato de Trump. En 2017, el país se retiró de las negociaciones del pacto migratorio. Ahora, el gobierno norteamericano ratificó esa línea y aseguró que no participará en mecanismos internacionales que, a su criterio, puedan limitar la soberanía nacional en el control de fronteras.

En un comunicado, el Departamento de Estado acusó a distintas agencias de la ONU de promover políticas que facilitan la migración irregular hacia Estados Unidos y otros países occidentales. También sostuvo que estas organizaciones impulsaron corrientes migratorias masivas y contribuyeron a la redistribución de recursos públicos hacia migrantes en situación irregular.

La administración Trump cuestionó además el lenguaje utilizado por Naciones Unidas, especialmente la expresión migración "segura, ordenada y regular". Para el gobierno estadounidense, esa definición no refleja la realidad de los flujos migratorios recientes, que considera desordenados y perjudiciales para la seguridad y estabilidad de los países receptores.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la experiencia reciente en Estados Unidos muestra que la migración masiva generó presión sobre el mercado laboral, el sistema de vivienda y los servicios públicos. También advirtió sobre mayores desafíos en materia de seguridad fronteriza.

Otro de los puntos centrales del planteo de Washington es la defensa de la soberanía nacional. El gobierno afirmó que no aceptará procesos internacionales que impongan "guías, estándares o compromisos" capaces de limitar la capacidad de Estados Unidos para definir su propia política migratoria.

En esa misma línea, la Casa Blanca volvió a destacar su postura a favor de la "remigración", concepto utilizado por la administración Trump para referirse a políticas destinadas a reducir la presencia de migrantes irregulares en el país.

El comunicado también apuntó contra organizaciones no gubernamentales financiadas por la ONU, a las que acusa de facilitar el tránsito de migrantes hacia territorio estadounidense y europeo. Según el gobierno republicano, estas prácticas impactan de manera negativa en la estabilidad social y económica de los países receptores.

Desde Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones defienden el pacto migratorio como un marco voluntario y no vinculante. Los organismos remarcan que el objetivo es ayudar a los Estados a gestionar mejor la migración, respetando el derecho soberano de cada país a definir sus propias políticas.

Aun así, la administración Trump considera que incluso los acuerdos no obligatorios pueden ejercer presión política sobre los gobiernos y condicionar decisiones internas en materia migratoria.